Cuestiones de
América
Erubiel Tirado *
México, D.F.- El ataque terrorista perpetrado
contra los emblemas del país que ganó la “guerra fría” destruyó mucho más que
edificios con la lamentable pérdida de vidas humanas: colapsó la estructura de
la seguridad nacional de la potencia norteamericana. Resulta inexacto e iluso
señalar el fracaso de anticipar el desastre como meras fallas del aparato de
inteligencia y contrainteligencia abocada en la lucha contra el terrorismo.
Bastó un puñado de personas armadas en forma
primitiva, pero decididas a infligir daño (convirtiendo aviones comerciales en
verdaderos misiles) y causar pánico, para asestar un golpe mortal a toda la
superestructura institucional y técnica de los aparatos de inteligencia de
Estados Unidos. Ni la amplia literatura especializada proveniente de los
centros académicos militares y civiles consideró siquiera una hipótesis cercana
en su definición de escenarios de amenaza terrorista, tal y como el que están
padeciendo desde la mañana del 11 de septiembre.
Dentro del ámbito estrictamente oficial, destacan
las previsiones elaboradas por el equipo del presidente George Bush --que
fueron dadas a conocer en enero pasado-- y un aprehensivo reporte de la
Comisión Nacional sobre el Terrorismo, creada “ad hoc” para estudiar la
efectividad con la que se estaban aplicando las políticas antiterroristas del
gobierno y cómo se estaban aprovechando los recursos legales, institucionales,
financieros y materiales para prevenir y controlar situaciones de crisis
provocadas por ataques terroristas dentro del territorio norteamericano. El
diagnóstico apuntaba a serias deficiencias en diferentes ámbitos y hacía
puntuales recomendaciones para corregirlas. Lo más paradójico del reporte,
entregado también a comienzos de este año, resulta en reconocer que, aun de
haber hecho caso a sus indicaciones, el tiempo no habría bastado. La tragedia
era inevitable.
Eficiencia de papel
Desde 1995 los estrategas de la seguridad
norteamericana se dieron a la tarea de redefinir sus conceptos ante
manifestaciones siempre cambiantes y cada vez más temerarias del terrorismo
dentro de su geografía. A partir de la decisión del presidente Clinton
(“Presidential Decision Directive/NSC 39”, que se complementó más tarde con
otra disposición similar, “NSC 62”) se desarrolló el “Concepto del Plan de
Operaciones de Agencias Intergubernamentales (contra) el Terrorismo Doméstico”,
mejor conocido como Conplan, por sus siglas en inglés (“Concept of Operations
Plan”). La administración Bush dio a conocer su versión estratégica en enero,
donde sigue los criterios que le dieron origen: guiar a las instancias de
gobierno federal, estatal y local sobre cómo responder a una amenaza terrorista
potencial o actual, o bien ante un incidente que ocurra en Estados Unidos, en
particular un ataque que involucre armas de destrucción masiva. La pretensión
del plan es unificar en un corto período la capacidad de respuesta coordinada
de las agencias federales frente a una amenaza o acto terrorista.
El documento sigue, entre otros, los parámetros
heredados por Clinton en sus consideraciones de amenazas provenientes aún desde
su frontera sur y bajo los supuestos del uso de armas biológicas y químicas
(“Proceso”, 1162).
El Conplan parte del principio de que ninguna
institución, pública o privada, “per se”, posee la capacidad de respuesta
suficiente contra una amenaza o acto terrorista; se basa en la premisa de que
un incidente de esta naturaleza puede ocurrir en cualquier tiempo con una
mínima o ninguna señal de advertencia, que puede involucrar una o varias áreas
geográficas, y resultar (como ocurrió finalmente) en pérdida masiva de vidas
humanas.
Conciso, el plan reconoce también que un acto
terrorista, en especial el que se dirija contra grandes centros de población en
Estados Unidos, con materiales nucleares, biológicos o químicos, tendrá
consecuencias tales que rebasaría la capacidad de respuesta de muchas
autoridades locales y estatales, y que desafiarían, a su vez, la capacidad
federal.
Como el mundo presenció el martes pasado, los
niveles federales también fueron rebasados.
El Conplan señala a quien encabeza y coordina las acciones
contingentes en un primer momento (la Oficina Federal de Investigaciones, FBI)
y las acciones posteriores, con miras a restablecer la normalidad (la Agencia
Federal para la Administración de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés).
Las otras instituciones que señala el documento son el Departamento de Defensa
(al que se reconoce como la única instancia con la capacidad de afrontar las
consecuencias del uso de armas de destrucción masiva), el Departamento de
Energía (para supervisar y atender aspectos de incidentes nucleares y
radiológicos), la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Salud y
Servicios Humanos.
La prioridad máxima de las acciones contingentes
del plan (de un catálogo de ocho) es preservar las vidas humanas o minimizar
los riesgos a la salud, en tanto que la persecución y la aprehensión de los
culpables de actos terroristas se encuentran en penúltimo sitio.
Debidamente diferenciados, el Conplan establece
cuatro niveles de amenazas terroristas a fin de determinar el grado de atención
gubernamental: nivel 4, “Amenaza mínima”, caracterizada por un rango normal de
condiciones cotidianas a las que están expuestas las agencias de seguridad;
nivel 3, “Amenaza potencial”, determinada por reportes de inteligencia que
indiquen la amenaza potencial (pero no creíble) de un incidente terrorista;
nivel 2, “Amenaza creíble”, es el rango que adquiere el supuesto confirmado que
apunte al uso de armas de destrucción masiva en el desarrollo de un incidente
terrorista (en este punto, los focos rojos del aparato de seguridad implican ya
una acción coordinada para disuadir y evitar daños), y nivel 1, “Incidente
ocasionado por el uso de armas de destrucción masiva”.
En este respecto debe señalarse que aunque la
definición genérica de arma de destrucción masiva correctamente apunta hacia
cualquier aparato, material o sustancia utilizada en forma tal que, en cantidad
o tipo, o bajo ciertas condiciones, sea capaz de causar la muerte o lesiones
graves a las personas o provocar un daño significativo a la propiedad, el
tratamiento particular del concepto en los documentos oficiales y académicos
siempre alude al uso de bombas nucleares, químicas y bacteriológicas, como las
únicas capaces de causar daños de gran magnitud contra la población.
La voz ignorada
Luego de un arduo trabajo de seis meses, una
instancia creada “ex profeso” por el Congreso estadunidense y la Comisión
Nacional sobre Terrorismo, integrada por legisladores y especialistas
experimentados, entre los que figuró el exdirector de la CIA, James Woolsey,
dio a conocer los resultados de su investigación, con recomendaciones que
urgían a la toma de decisiones inmediatas, en el ámbito legal, administrativo,
presupuestal, operativo y diplomático.
Bajo el sintomático título de “Contrarrestando la
amenaza cambiante del terrorismo internacional”, el informe de la comisión va
más allá del resultado rutinario de este tipo de trabajos y señala en forma
directa, sin ambages, las debilidades de los aparatos de seguridad, entre
otros: el programa y el plan para el ejercicio gubernamental interinstitucional
ante un ataque terrorista de proporciones catastróficas es, simplemente,
inadecuado. No sólo eso, afirma que identificó obstáculos significativos en las
tareas de inteligencia, relativas a la recolección y distribución de
información confiable sobre terrorismo hacia los analistas y quienes toman las
decisiones políticas en los primeros niveles de gobierno. Dichos obstáculos,
exige el reporte, deben ser removidos.
Sin concesiones, el documento del Congreso llama la
atención respecto de las pugnas interburocráticas horizontales y verticales
entre las diferentes instancias del aparato de seguridad nacional; deficiencias
en la calidad del reclutamiento dentro de la CIA; la complejidad de los
procedimientos burocráticos en el desempeño del FBI; el divorcio grave que
existe entre el llamado personal de campo y los analistas de inteligencia, lo
que provoca pérdida de información, o peor aún, la inseguridad jurídica que
enfrentan los oficiales o agentes infiltrados, que prefieren no arriesgarse a
una demanda legal en caso de cometer algún error (en este respecto, no existe
respaldo institucional). Incluso, hace consideraciones de carácter migratorio y
el problema que pueden representar los estudiantes extranjeros en su
territorio.
En este sentido, destaca que el principal problema
es la falta de monitoreo sobre el estatus de los estudiantes foráneos, y llama
a ensanchar un programa piloto que se estableció en 1996 y que abarcó a 20
universidades del sur de Estados Unidos.
En materia migratoria las cifras son puntuales: es
difícil tener control sobre los 300 millones de cruces legales que se verifican
en la frontera sur (otro tanto similar se estima en los aeropuertos del país),
suponen la estancia indocumentada de 4 millones de personas y otros 2 millones
que se convierten en ilegales al permanecer más allá del tiempo permitido. Si
algo enseñó el atentado contra el World Trade Center (de 1993) fue el hecho de
que uno de los culpables tenía visa de estudiante... vencida y que, advierte el
documento, “no existe mecanismo alguno que asegure que lo mismo no vuelva a
pasar en el futuro”.
Más sintomático resulta el señalamiento sobre la
falta de capacidad de las agencias de inteligencia para dar prioridad, traducir
y entender en forma oportuna toda la información a la que tienen acceso. Las
deficiencias en este sentido, apunta el documento, no sólo afectan los aspectos
tecnológicos (donde incluso la joya del espionaje electrónico norteamericano,
la Agencia de Seguridad Nacional, ha perdido capacidad para contrarrestar los
recursos con los que cuentan los terroristas modernos), sino hasta la habilidad
de traducir otros idiomas. En el colmo de las deficiencias, el reporte alude
que teniendo capacidad para resolver problemas idiomáticos, en el caso
específico de la CIA, simplemente no se actúa.
El documento también llama la atención sobre el
hecho de que el gobierno de Estados Unidos se negaba a considerar a Afganistán
como Estado que patrocinaba a grupos y actividades terroristas y, por ende,
recomendaba considerarlo como tal y someterlo a las sanciones económicas y
políticas correspondientes.
Más allá de las consideraciones trágicas sobre las
redefiniciones acerca del terrorismo y sus manifestaciones, el lenguaje bélico que
impregna ahora el tratamiento del problema anticipa la repetición, también
trágica, de los errores del pasado; el uso de la fuerza “per se” no resuelve
conflicto alguno. En forma categórica, las conclusiones del documento ponen en
claro que sólo la “buena inteligencia es la mejor arma contra el terrorismo
internacional”, y que Estados Unidos también es corresponsable de su propia
tragedia.
* Proceso, México, 14 de septiembre
de 2002. Erubiel Tirado es analista en temas de seguridad y defensa, maestro en
Ciencia Política por la London School of Economics.
Cuestiones de
América Nº 11, Octubre-Noviembre de 2002
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